Para miles de conductores que trabajan a través de un aplicativo de movilidad en Lima, salir a manejar implica convivir con la preocupación constante de ser intervenidos y recibir multas. En un operativo pueden recibir sanciones por montos superiores a los S/11.000. En los últimos meses, la fiscalización sobre este tipo de servicios se ha intensificado.
Según relatan conductores de aplicativos, el riesgo de una intervención forma parte de su rutina diaria. Ello, pese a que estas plataformas no brindan el servicio de “taxi” y más bien funcionan con sistemas de verificación de identidad. También permiten un seguimiento del viaje en tiempo real y trazabilidad de cada servicio. Todo ello permite registrar tanto al conductor como al pasajero y el recorrido realizado.
Sin embargo, recientes pronunciamientos judiciales y criterios legales están aportando mayor claridad sobre cuáles son las facultades de las autoridades encargadas de supervisar el tránsito y el transporte. Diversos conductores han comenzado a obtener resultados favorables en procedimientos de impugnación y reclamos administrativos al cuestionar determinadas intervenciones o sanciones.
Multas a conductores de aplicativo
Uno de los aspectos que ha cobrado relevancia es la facultad para requerir documentos e imponer infracciones. De acuerdo con un reciente pronunciamiento de la Corte Superior de Justicia de Lima, únicamente los efectivos de la Policía Nacional asignados al control del tránsito o de carreteras están habilitados para intervenir conductores. Ellos son los únicos que pueden solicitar la documentación correspondiente y levantar papeletas.
Especialistas consultados consideran que esta precisión resulta importante porque ayuda a delimitar las competencias de las distintas entidades que participan en la supervisión del transporte. En un escenario donde intervienen autoridades nacionales, municipales y organismos especializados, conocer qué facultades corresponden a cada institución contribuye a brindar mayor seguridad jurídica tanto a los usuarios como a los conductores.
A ello se suma otro debate que continúa vigente: la situación legal de los viajes prestados mediante plataformas digitales de intermediación. El abogado Abel Balbín Ludeña, del estudio jurídico Balbín Ludeña & Asociados, recuerda que el propio Ministerio de Transportes y Comunicaciones señaló que las plataformas de movilidad aún no cuentan con una regulación específica.
Según explica el especialista, esta ausencia de regulación ha generado durante años interpretaciones distintas respecto de cómo debe abordarse la actividad. Mientras el Congreso evalúa iniciativas legislativas destinadas a regular el sector, las plataformas digitales continúan operando en un marco jurídico que todavía no cuenta con una norma específica. Esta debería establecer de manera detallada los derechos y obligaciones de cada uno de los actores involucrados.
Multas y conductores: ¿quién puede sancionar?
Balbín sostiene que, desde una perspectiva constitucional, aquello que no se encuentra expresamente prohibido por la ley no puede ser considerado ilegal. En ese sentido, considera que la falta de regulación específica ha sido uno de los argumentos utilizados por conductores para cuestionar determinadas sanciones vinculadas a la prestación de servicios mediante aplicativos.
La discusión, sin embargo, trasciende los procedimientos sancionadores. Tanto especialistas como representantes del sector coinciden en que el crecimiento de las plataformas digitales ha transformado la movilidad urbana en el Perú. También ha abierto la necesidad de contar con reglas claras. Una regulación específica permitiría establecer con precisión los requisitos para operar. Además, definirían las competencias de las autoridades fiscalizadoras y los mecanismos de protección para usuarios y conductores.
Especialistas advierten que la discusión regulatoria debería centrarse en comprender cómo operan las plataformas digitales. También, qué implica la tecnología que las sostiene. Sin embargo, señalan que en el país persiste una tendencia a adaptar marcos existentes en lugar de construir una regulación ad hoc, diseñada específicamente para este tipo de servicios y sus particularidades tecnológicas.
Mientras ese debate continúa, los recientes pronunciamientos y decisiones administrativas favorables a algunos conductores están siendo observados con atención por quienes trabajan diariamente mediante aplicaciones.