¿Por qué las apps de movilidad no son “taxis” por aplicativo? Aunque en Perú coloquialmente se les llama “taxis por aplicativo”, las plataformas de movilidad responden a un modelo de negocio distinto al del taxi tradicional. En nuestro país, el término “taxi” suele utilizarse de manera amplia para referirse a cualquier vehículo que transporta pasajeros, por lo que la diferencia entre ambos servicios no suele percibirse en el tipo de auto, sino en la naturaleza de la actividad y en el marco bajo el que operan. Un escenario que podría cambiar si el Congreso aprueba nuevas reglas.
El taxi regulado forma parte del transporte público y está sujeto a autorizaciones específicas otorgadas por la autoridad de transporte. Los vehículos que prestan este servicio deben cumplir determinadas condiciones para operar —como registros e identificación visible— y pueden captar pasajeros directamente en la vía pública o en paraderos habilitados.
Las plataformas de movilidad, en cambio, no prestan el servicio de transporte ni operan vehículos. Su rol es de intermediación tecnológica: gestionan sistemas digitales que conectan a usuarios con conductores independientes y facilitan que ambas partes acuerden un viaje privado. El servicio solo se activa cuando el usuario realiza una solicitud dentro de la aplicación, que organiza el proceso del viaje —desde el precio y la asignación del conductor hasta el pago y la evaluación— y mantiene un registro digital de cada trayecto.
“Las plataformas de movilidad no solo facilitan que un usuario encuentre un conductor disponible. También introducen una capa de trazabilidad que antes no existía en este tipo de servicios. Cada viaje queda registrado digitalmente —quién lo solicita, quién lo realiza, con qué vehículo, qué ruta se sigue y cómo se paga— lo que permite generar mayor transparencia y mecanismos de seguimiento dentro de la plataforma”, sostiene Carlos Andrés Mendoza, Country Manager de Cabify Perú.
¿Qué quiere hacer el congreso contra los aplicativos?
Las iniciativas legislativas buscan definir un marco normativo para las apps de movilidad en el Perú. El debate enfrenta dos posiciones: equipararlas al taxi tradicional o reconocerlas como un modelo tecnológico diferenciado.
Regular las apps de movilidad se ha convertido en un tema prioritario en el Congreso. Diversas propuestas plantean modificar las condiciones bajo las que hoy operan las plataformas. La discusión gira en torno a un punto central: si estos servicios deben cumplir exactamente las mismas exigencias que rigen para el taxi tradicional o si corresponde diseñar un esquema normativo que tome en cuenta su funcionamiento digital.
El debate sobre las plataformas de movilidad: ¿igualar o diferenciar?
Erick Iriarte Ahon, abogado especialista en derecho digital, señala que los entornos digitales son extensiones de la actividad económica y social, por lo tanto, forman parte del sistema jurídico existente y ya interactúan con diversas obligaciones legales.
Sobre la posibilidad de aplicar las mismas exigencias que al taxi tradicional, advierte que la diferencia está en el tipo de instrumento. “Las modalidades son distintas. No significa que una esté regulada y la otra no, sino que requieren tratamientos normativos diferentes”, menciona.
Añade que las apps han incorporado mecanismos propios del entorno digital, como validaciones de identidad o sistemas que permiten compartir la ubicación en tiempo real, lo que configura un modelo operativo distinto al del taxi captado en la vía pública. Desde su perspectiva, esa diferencia debería ser considerada al momento de diseñar la norma.
¿Qué está en juego si se equiparan los aplicativos a los taxis?
La iniciativa que más ha avanzado es el Proyecto de Ley N.° 842, impulsado por el congresista José Luis Elías Ávalos (Podemos Perú). Cuyo texto sustitutorio fue aprobado por el Pleno del Congreso el 15 de mayo de 2025, tras un proceso en el que se incorporaron distintos aportes.
Si bien el texto más reciente del dictamen dejó de utilizar expresamente el término “servicio público”, mantiene un enfoque regulatorio en el que el MTC y la ATU supervisarían estas plataformas bajo reglas similares a las del taxi tradicional. Para algunos especialistas, el riesgo no es la regulación en sí, sino que se apliquen normas de transporte tradicional a un modelo basado en tecnología.
Equiparar ambos modelos no necesariamente hace que las apps sean más seguras. La propuesta incluye exigir licencias profesionales A-IIa a los conductores de apps, un trámite que representa una inversión obligatoria de tiempo y dinero. Este requisito podría afectar a quienes utilizan la aplicación de manera parcial o complementaria para generar ganancias adicionales en sus ratos libres. Al reducirse la cantidad de personas que pueden conectarse a la app, la oferta de autos disponibles cae. Para el pasajero, esto se traduce en tarifas más altas y tiempos de espera más largos, alterando la lógica de un servicio que hoy es valorado por su rapidez, flexibilidad y seguridad.
Riesgos de aplicar reglas del taxi tradicional a las apps de movilidad
Para Carlos Andrés Mendoza, Country Manager de Cabify Perú, el punto central es que la regulación parta de una comprensión clara del modelo. Sostiene que las plataformas de intermediación conectan, a través de tecnología, a usuarios pasajeros con usuarios conductores en un servicio privado, distinto al taxi que capta pasajeros en la vía pública.
Advierte que trasladar exigencias diseñadas para el transporte público tradicional podría generar efectos concretos: menos conductores disponibles, mayores tiempos de espera y eventual alza en las tarifas.
Desde su perspectiva, el impacto no sería solo operativo. Si el servicio se vuelve más difícil de ofrecer, parte de la demanda podría desplazarse hacia alternativas sin trazabilidad ni canales formales de soporte, lo que terminaría afectando a los usuarios.
Finalmente, un punto que ha generado gran debate es el proceso legislativo. Durante la discusión del del Proyecto de Ley N° 842 se han presentado distintas versiones del texto sustitutorio en etapas avanzadas del proceso, lo que, de acuerdo con especialistas, ha limitado la posibilidad de que la Comisión de Transportes y Comunicaciones realice un análisis técnico más amplio sobre sus posibles impactos.
¿Cómo sería una regulación equilibrada?
Para Cabify una regulación equilibrada debería establecer estándares claros de seguridad, transparencia y competencia, enfocándose en medidas que efectivamente protejan a las personas.
“Más papeleo no necesariamente hará que los viajes sean más seguros. En cambio, el uso de la tecnología y la incorporación de estándares mínimos de seguridad como botón de emergencia, verificación de identidad, evaluaciones cuando corresponda y canales efectivos de atención al cliente, tanto digitales como presenciales ante cualquier incidente, pueden marcar una diferencia real en la seguridad del servicio”, asegura Mendoza.
También subraya que los conductores son usuarios independientes que se conectan cuando lo desean y sin exclusividad con una sola plataforma. Esa flexibilidad forma parte esencial del modelo y debería ser tomada en cuenta en cualquier propuesta legislativa.
El desafío será diseñar una regulación que eleve los estándares del sector y promueva mayor formalidad, sin generar barreras que reduzcan la oferta disponible. En ese contexto, también será clave que las obligaciones de intercambio de información con autoridades públicas incluidas en el dictamen deberán implementarse con especial cuidado. Ello, para garantizar el cumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales y la adecuada protección de la información de los usuarios.
por Polux 